Como colectivos de la diversidad sexual
nos oponemos rotundamente a los pactos civiles de solidaridad
que fomentan la discriminación de forma institucionalizada.
Los colectivos de la diversidad del
estado de chihuahua en un acto de buena fe, le hicimos una petición formal por escrito a
la Diputada Patricia Flores González (Presidenta de la comisión de Equidad
de Género y Familia), como un ejercicio de participación en la consulta ciudadana que realiza el H.
Congreso del Estado para la creación de un código familiar.
Mediante esta petición formal se le
solicita a la diputada que represente nuestros derechos ante el H. Congreso
del Estado de Chihuahua tomando en cuenta que somos un segmento importante de la
sociedad, y que constantemente vemos violentados nuestros derechos al no
proteger nuestras uniones contraponiéndose a las garantías individuales,
comprendidas en la carta magna de la nación y así mismo las leyes que se
desprenden de la misma y que tienen como función erradicar la discriminación en
el Estado de Chihuahua.
Por esta razón le exponemos nuestro
sentir:
Solicitamos que se reconozca
nuestros derechos en un plano de igualdad teniendo acceso al matrimonio
igualitario, es decir, que se permita a las parejas conformadas por
personas del mismo sexo acogerse a la institución del matrimonio, en el marco
de la igualdad ante la ley así como el derecho a la identidad para las
personas Trans del estado de Chihuahua y con ello todos los beneficios que tendría
cualquier otro ciudadano.
Con el lema:
“ante la ley todos somos iguales”, declaramos que:
No nos resultan convenientes los pactos
civiles de solidaridad ya que violentan nuestros derechos como ciudadanos
al contraponerse con las leyes que rigen en la nación, como se observa en
el siguiente párrafo:
En materia de derechos implica un
retroceso, ya que nos elimina derechos y se contrapone con la
carta magna de la nación:
I. Al
no permitir el acceso a todos los derechos con los que cuenta un
ciudadano heterosexual como lo establece el artículo 1 Constitucional.
II. Al
violentar nuestro derecho a la creación de una familia como lo establece el
artículo 4 Constitucional.
III. Al
violentar el Artículo quinto de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, donde menciona: “Todo ser humano tiene derecho a la protección
jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.
IV. IV. Al
violentar el Artículo cuarto de la Ley para Eliminar la Discriminación del
Estado de Chihuahua, y el Artículo segundo De la Ley de Desarrollo Social y
Humano del Estado de Chihuahua. (ver en petición formal:
http://movidchih.blogspot.mx/2012/12/peticion-formal.html).
En materia de igualdad social, nos
segmenta y discrimina en una población de segunda categoría, con la
creación de dos libros, así mismo anexándolos al registro
civil, para conformar en su totalidad 9 libros, esto genera las siguientes
controversias:
I. No
se está reconociendo la figura del matrimonio entre las parejas del mismo sexo.
II. Al
generar un estado civil de socio conyugal, no permite el reconocimiento a
nuestra pareja, esto es porque al firmar el pacto civil de solidaridad,
se convierten en socios, pero no en esposos o esposas, esto permite que se
genere desigualdad de condición ante los ciudadanos heterosexuales.
III. Dando
pie a la discriminación de funcionarios públicos y dependencias de gobierno al
segmentarnos de forma anticonstitucional con un pacto civil de solidaridad,
apartarnos de la posibilidad de ser iguales ante la ley.
El recurso de amparo
interpuesto en la SCJN.
Hoy sabemos que sí gracias a la
decisión de la primera Sala del más alto tribunal, como la Sala resolvió que se
debe interpretar que el matrimonio es un contrato entre dos personas, al
integrarse Jurisprudencia todos los jueces del país deberán interpretar esta
norma de esa forma y como la gran mayoría de los códigos civiles tienen la
misma redacción, podría decirse que la interpretación será obligatoria para
todos los jueces. Sin embargo, esto es aún algo que deberá determinar la Corte.
Entonces no es una cuestión de decisión
política, es una cuestión de respeto a los derechos humanos y de aplicación de
la Constitución. Prueba de ello fue la decisión unánime en la Sala.
No cabe esperar a que los partidos
políticos se convenzan o vean la conveniencia política de reconocer derechos a
la diversidad sexual.
El 5 de diciembre la primera Sala dijo
claramente “no es conforme con la Constitución el hecho de que el matrimonio
sea solamente entre un hombre y una mujer ni que se prescriba desde la norma
que su finalidad debe ser la procreación”, la Sala reconoció
derechos, no los creó.
Muchas gracias por su
atención.